En 1609, durante el reinado de Felipe III, se decretó en España la expulsión de los moriscos de los reinos de Aragón y Valencia, así como de la Corona de Castilla, acusados de seguir practicando la religión musulmana a pesar de su forzada conversión, y de colaborar con los piratas turcos y bereberes en el Mediterráneo. La expulsión de los moriscos de España aseguraba la unidad religiosa de este imperio, pero también seguía existiendo el temor a que ayudaran a los enemigos de España: piratas turcos, bereberes, e incluso a franceses. Su aumento demográfico estaba siendo mayor que el de los cristianos viejos, existiendo el peligro de que en ciertas regiones se convirtieran en dominantes. Pero así como significaba la unidad religiosa, también era una gran pérdida de población.
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